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Resumen de novedades introducidas por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Publicado el 23 de abril de 2020.
Resumen de novedades introducidas por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

En el día de hoy, ha entrado en vigor, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, aprobado por el Consejo de Ministros, para la adopción de determinadas medidas complementarias en apoyo de la economía y el empleo, con el fin de hacer frente al impacto de la crisis generada por el Covid-19.

A continuación, incluimos un breve resumen de algunas de las medidas contenidas en dicha Norma:

 

A) MEDIDAS PARA REDUCIR LOS COSTES OPERATIVOS DE PYMES Y AUTÓNOMOS

El Real Decreto-Ley, establece una moratoria en el pago del alquiler, de los locales de negocio, o de los arrendamientos de industria, cuando los arrendatarios sean PYMES o autónomos, y siempre que éstas y sus arrendadores no hayan alcanzado previamente un acuerdo de moratoria o reducción de la renta.

Exclusivamente, en el marco de ese acuerdo, las partes podrán disponer libremente de la fianza entregada en su día, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.

 

El Real Decreto-Ley distingue entre:

– Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.

Se entienden por “grandes tenedores”, las entidades públicas de vivienda, así como las personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de 10 inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros), o de una superficie construida de más de 1.500 m2.

En este caso, la arrendataria podrá solicitar una moratoria de la renta, que se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

– Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.

Cuando el arrendador no sea un “gran tenedor”, conforme a lo prevenido en el apartado anterior, la arrendataria podrá solicitar, antes del 23/05/2020, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

– Requisitos que tienen que cumplir las PYMES y autónomos para poder acceder a estos aplazamientos.

a) Los autónomos deben estar afiliados y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA; mientras que las pymes no pueden superar los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

b) En ambos casos (pymes y autónomos), su actividad debe haber quedado suspendida como consecuencia del estado de alarma, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia del estado de alarma, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

La reducción de actividad se acreditará inicialmente por el arrendatario al arrendador, mediante la presentación de una declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad. Por su parte, la suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

 

B) MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Entre las medidas adoptadas en materia laboral, destacan las siguientes:

– Se suspenden los plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

-Se simplifica el procedimiento de resolución del aplazamiento de deudas, con la Seguridad Social, de empresas y autónomos. Este aplazamiento es incompatible con la moratoria de cotizaciones sociales a empresas y autónomos regulada en el artículo 34 del mismo Real Decreto-ley 11/2020.

– Se prevé que serán las Mutuas las encargadas de gestionar las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos (CATAs).

– Se tipifica como infracción muy grave, la solicitud fraudulenta de ERTEs.

– Se prorroga el carácter preferente del teletrabajo o trabajo a distancia, y el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada, hasta tres meses después de la finalización del estado de alarma.

– Se amplía la protección por desempleo a las extinciones de contratos en periodo de prueba producidas durante el estado de alarma, y a quienes hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, exigiéndose, en este caso, comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

– Se prevé la posibilidad de existencia de fuerza mayor parcial en empresas que desarrollan actividades esenciales.

 

C) MEDIDAS FISCALES

-Se establece, entre otras medidas, la no iniciación del periodo ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de financiación prevista en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

-Los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, que no hayan facturado en el año 2019 más de 600.000 euros, podrá optar, a la hora de determinar su pago fraccionado, por acogerse a la base del mismo fijada en los 3, 9 ó 12 meses, en lugar de calcularla conforme a la cuota del ejercicio anterior. Aquellos contribuyentes que ya hayan declarado el primer pago, podrán optar por esta opción en la base calculada para la declaración a presentar antes del 20/10/2020.

-Se aplaza el pago de las deudas tributarias notificadas hasta el 30/05/2020.

– Se reduce el IVA de los libros, revistas y publicaciones, en formato electrónico al 4%, siempre que más del 90% de sus ingresos no sean publicidad.

 


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Bufete Miguel Moreno
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